De 3.824 de quejas por ruido en Cali, 1.912 ocurrieron en la Comuna 18
Documentos oficiales conocidos por Nuestro Parche revelan que cerca del 50 % de las llamadas por ruido recibidas por la línea 123 de la Policía Metropolitana de Cali corresponden a la jurisdicción de la Estación Meléndez.
Lo que para muchos habitantes de la Comuna 18 comenzó como una molestia ocasional por el volumen de la música hoy se ha convertido en uno de los principales conflictos de convivencia del sector. Documentos oficiales conocidos por Nuestro Parche revelan que cerca del 50 % de las llamadas por ruido recibidas por la línea 123 de la Policía Metropolitana de Cali corresponden a la jurisdicción de la Estación Meléndez. Sin embargo, las mismas respuestas institucionales muestran que solo se han impuesto cuatro comparendos relacionados con esta problemática y que no se han realizado remisiones al DAGMA ni a la Inspección de Convivencia de la comuna.
Las cifras oficiales muestran un problema que supera a cualquier otra zona de la ciudad
La respuesta entregada por la Policía Metropolitana de Cali al derecho de petición presentado por el edil Alejandro Pazos señala que entre el 4 de marzo de 2026 y el 5 de mayo de 2026 se recibieron 3.824 llamadas por ruido, de las cuales 1.912 correspondieron a la jurisdicción de la Estación de Policía Meléndez, que atiende la Comuna 18.
Aunque la Policía informa haber atendido esos requerimientos, el mismo documento registra únicamente cuatro órdenes de comparendo relacionadas con la aplicación de la Ley 2450 de 2025 y la Ley 1801 de 2016. Además, reconoce que no ha efectuado remisiones al DAGMA ni al Inspector de Convivencia y Paz de la Comuna 18 por afectaciones derivadas del ruido.
Las cifras llaman la atención porque evidencian una diferencia entre el volumen de reportes ciudadanos y las actuaciones administrativas registradas oficialmente.
La JAL asegura que el ruido dejó de ser una molestia para convertirse en un problema de convivencia
Desde hace varios meses, la Junta Administradora Local de la Comuna 18 viene solicitando información a distintas entidades para conocer cómo se está aplicando la Ley 2450 de 2025 en Cali.
Para el edil Alejandro Pazos, el problema ya no puede entenderse únicamente como música a alto volumen.
«El ruido no solamente está afectando la salud; también es el primer motivo de convivencia en nuestra comuna», afirmó durante una entrevista con Nuestro Parche.
Pazos explica que la JAL ha radicado derechos de petición, solicitado información a la Secretaría de Seguridad, la Policía y otras entidades, con el propósito de identificar qué acciones concretas se están desarrollando para disminuir la contaminación acústica.
El edil considera que los datos oficiales demuestran la necesidad de fortalecer la respuesta institucional.
«Tenemos casi la mitad de las llamadas por ruido de toda la ciudad y solamente aparecen cuatro comparendos. Eso nos preocupa porque el problema sigue creciendo», señaló.
También insiste en que la discusión no debe centrarse únicamente en sancionar establecimientos comerciales.
«No se trata de perseguir a ningún comerciante; se trata de garantizar el derecho al descanso y la tranquilidad de quienes viven en la comuna», agregó.
La experiencia de una habitante refleja el temor que existe para denunciar
Mariana, nombre cambiado para proteger su identidad, vive en la parte alta de la Comuna 18 junto a su hija adolescente, quien presenta dificultades auditivas.
Frente a su vivienda funcionan dos bares y, además, algunos vecinos utilizan parlantes de alto volumen prácticamente todos los días.
Según contó a Nuestro Parche, las llamadas a la Policía se han convertido en una rutina que pocas veces termina con una solución.
«Muchas veces llaman y no llegan. O llegan cuando ya apagaron la música. Después los que seguimos viviendo aquí somos nosotros», relató.
La mujer asegura que una persona vinculada a uno de los establecimientos le advirtió que no insistiera en denunciar porque «nadie iba a cerrar ese negocio». Desde entonces evita presentar nuevas quejas por miedo a represalias y porque teme que su identidad deje de ser confidencial.
Su caso coincide con una realidad que el propio documento de la Policía deja en evidencia: pese al alto número de reportes, las actuaciones administrativas siguen siendo limitadas.
La Policía sostiene que sí adelanta acciones y explica cuáles son sus competencias
En la respuesta enviada al edil Alejandro Pazos, la Policía Metropolitana afirma que ha capacitado de manera permanente a sus uniformados sobre la Ley 2450 de 2025 y que socializó el documento institucional denominado ABC de la Ley del Ruido.
La institución también aclara que puede intervenir frente a comportamientos que alteren la convivencia incluso sin realizar mediciones técnicas de decibeles, siempre que exista una perturbación evidente y se respeten los principios de proporcionalidad establecidos por la ley.
Frente a las solicitudes de insonorización de establecimientos, la Policía responde que esa competencia corresponde exclusivamente al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
El ABC institucional también establece que las alcaldías, autoridades ambientales y Policía deben coordinar acciones para el control del ruido, implementar canales efectivos para recibir denuncias y desarrollar actividades de prevención y educación ciudadana.
La Ley 2450 amplió las obligaciones de las autoridades
La Ley 2450 de 2025 reconoce la contaminación acústica como un asunto de salud pública y asigna responsabilidades específicas a las autoridades ambientales, territoriales y de Policía para formular una política nacional de calidad acústica.
Entre sus disposiciones se encuentran la creación de mapas de ruido, la formulación de planes municipales de gestión del ruido, campañas educativas y mecanismos de coordinación entre entidades.
No obstante, la implementación de esta norma aún enfrenta retrasos. El Tribunal Administrativo de Santander ordenó recientemente al Gobierno Nacional reglamentar la ley al considerar que los plazos previstos no habían sido cumplidos.
La orientación jurídica va más allá de llamar a la Policía
Para la abogada Carolina Quesada, la solución no depende únicamente de la intervención policial.
«El ruido no solamente genera molestias; también puede convertirse en un detonante de conflictos que afectan la convivencia y la salud de las personas», explicó a Nuestro Parche.
La jurista recuerda que la Ley 2450 debe aplicarse junto con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y otras normas ambientales.
También recomienda que las personas documenten los hechos, conserven registros de horarios, fotografías, videos o testimonios y presenten derechos de petición cuando las respuestas institucionales resulten insuficientes.
«La invitación es a no desistir de denunciar. Existen herramientas jurídicas para proteger los derechos de los ciudadanos y las autoridades tienen la obligación de responder», indicó.
Nuestro Parche documentó esta problemática antes de que llegara a los estrados judiciales
Mucho antes de la expedición de la Ley 2450, Nuestro Parche desarrolló la campaña Territorio de Música Responsable, una iniciativa comunitaria orientada a promover el uso responsable del sonido y prevenir conflictos derivados del ruido en la Comuna 18.
Durante ese proceso periodístico y pedagógico, varios habitantes manifestaron que evitaban denunciar porque consideraban que las respuestas institucionales eran insuficientes o porque temían enfrentamientos con vecinos y propietarios de establecimientos comerciales.
Hoy, las cifras oficiales, las acciones adelantadas por la JAL y los testimonios recogidos por este medio muestran que la problemática continúa siendo motivo de preocupación para buena parte de los habitantes del territorio.
El debate permanece abierto. Mientras las autoridades sostienen que avanzan en la implementación de la Ley 2450 y en la capacitación de sus funcionarios, los documentos oficiales también evidencian desafíos en la articulación institucional y una diferencia significativa entre el volumen de denuncias y las medidas correctivas registradas. Esa brecha continúa siendo uno de los principales reclamos de la comunidad de la Comuna 18.
Nota de transparencia: La información de esta publicación se elaboró con entrevistas propias realizadas por Nuestro Parche, testimonios ciudadanos protegidos por razones de seguridad y documentos oficiales entregados por la Policía Nacional, así como la Ley 2450 de 2025 y el fallo del Tribunal Administrativo de Santander.
Texto revisado, estructurado y optimizado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la claridad, coherencia y precisión periodística. El contenido periodístico, las entrevistas, testimonios y la información verificada corresponden al trabajo original de reportería y redacción.
