EDITORIAL | Tres mujeres, dos meses y una ciudad que no puede acostumbrarse

El 21 de mayo de 2026, Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, salió de su vivienda en el norte de Cali y nunca regresó; cuatro días después fue hallada sin vida dentro de un costal. El 27 de mayo, Jennifer Estrella Guevara Córdoba, de 30 años, desapareció en el barrio El Guabal y cinco días más tarde su cuerpo fue encontrado en un lote del sur de la ciudad. El 16 de julio, María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció tras asistir a una cita médica y cuatro días después fue hallada sin vida cerca del río Meléndez. Tres mujeres, tres familias y menos de dos meses bastaron para que Cali volviera a enfrentar una realidad que no puede seguir normalizando.

Estos hechos no solo dejan investigaciones judiciales en curso; también obligan a preguntarnos si las medidas creadas para proteger a las mujeres están cumpliendo su propósito. Con frecuencia escuchamos hablar de rutas de atención, medidas de protección, comisarías de familia, la Línea Púrpura y otros mecanismos institucionales. Pero cuando una mujer siente miedo, denuncia y pide ayuda, ¿esas herramientas realmente llegan a tiempo?

Hace algún tiempo conocí de cerca el caso de una mujer víctima de violencia intrafamiliar. La Comisaría de Familia expidió una medida de protección y solicitó formalmente a la Policía realizar rondas periódicas para prevenir cualquier agresión. La orden existía. El riesgo también. Sin embargo, las rondas nunca se realizaron.

Cuando se buscó una explicación en la estación de Policía, la respuesta fue tan breve como preocupante: «La Policía no tiene tiempo para estar haciendo esas rondas.»

No se trata de señalar a un funcionario en particular, sino de reflexionar sobre una falla que puede costar vidas. ¿De qué sirve una medida de protección si termina archivada en una carpeta? ¿Cómo puede sentirse segura una mujer que reunió el valor para denunciar si la respuesta institucional no pasa del papel a la acción?

Marcela, Jennifer y María Camila ya no están. Sus casos deben ser esclarecidos por las autoridades, pero también deberían convertirse en un llamado urgente para revisar si el sistema de protección está funcionando como debería. Porque la verdadera prevención no empieza cuando una mujer desaparece o cuando su nombre ocupa un titular. Empieza el día en que levanta la mano para pedir ayuda y espera que el Estado responda con la misma urgencia con la que ella teme por su vida.

Porque proteger a una mujer no puede ser un protocolo. Debe ser un compromiso real.